Al cumplirse 20 años del
golpe de Estado del 5 de abril, las organizaciones feministas DEMUS- Estudio
para la defensa de los derechos de la mujer, Movimiento Manuela Ramos,
Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, PROMSEX
y CLADEM-Perú, exigimos justicia y
reparación para aquellas que fueron
esterilizadas forzadamente en el marco del Programa de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar 1996-2000, implementado por el ex Presidente Alberto
Fujimori y sus ex ministros de salud: Alejandro Aguinaga (hoy congresista de
Fuerza 2011), Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta.
La justicia en peligro
El pasado 21 de octubre,
la Fiscalía de la Nación reabrió el proceso de investigación que involucra a
los tres ex ministros de salud, afirmando que el archivamiento de las denuncias
en el año 2010, no tomó en cuenta que se trataba de una violación a los
derechos humanos y no analizó la participación de cada uno de los implicados.
Pese a esta decisión, la falta
de voluntad de las autoridades del Ministerio Público y la presión que reciben
de grupos políticos constituyen un riesgo para que las miles de víctimas, en su
mayoría mujeres campesinas, indígenas y en situación de pobreza, logren justicia.
Este mega proceso que ya
cuenta con 62 tomos e involucra por lo menos a 2074 mujeres de diferentes
regiones del país, no ha sido dotado de los recursos económicos, humanos y
técnicos necesarios para que la Primera Fiscalía Penal Supranacional los
enfrente adecuadamente.
Situación que se agrava si
se considera que el actual congresista y directamente implicado Alejandro
Aguinaga conjuntamente con congresistas fujimoristas, apristas y de la Alianza
por el Gran Cambio, remitieron una carta solicitando información sobre el caso
al Procurador Supranacional de Derechos Humanos. Según información del
Ministerio Público, el mencionado congresista también ha cuestionado que se
reabra la investigación como consta en una carta que se encuentra en poder del
Coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales.
Por ello, exigimos al
Ministerio Público actuar con independencia en la investigación del caso, dotar
de recursos económicos, humanos y técnicos a la
fiscalía a cargo, y contribuir a la adecuada sanción de los responsables de
esta política estatal que vulneró los derechos de las mujeres.
El gobierno de Ollanta Humala no
repara a las victimas
Pese a que el Presidente
Ollanta Humala se pronunció sobre las esterilizaciones forzadas durante la
última campaña electoral, promoviendo el derecho a la justicia de las
agraviadas y posicionando el tema como una grave violación a los derechos
humanos de las mujeres, consideramos preocupante su silencio e inacción para
implementar una política de reparaciones para las mujeres afectadas. Salvo la
decisión del año 2006, poco difundida, de reconocer su inclusión en el Seguro
Integral de salud, las mujeres no han recibido reparación alguna desde el
Estado y estos crímenes siguen en la impunidad.
Por ello, exigimos al
Presidente Humala que se implemente de manera urgente una política integral de
reparaciones, para lo cual es necesario instalar una Comisión Multisectorial
encargada de su ejecución y supervisión. Las mujeres no solo deben recibir
reparaciones en salud, sino también reparaciones en educación, económicas,
simbólicas y comunitarias.
Nunca más el cuerpo de las mujeres usado para
el control de la natalidad y la pobreza.
NUNCA MÁS una mujer
esterilizada sin su consentimiento.
NO más vulneración a
la autonomía y cuerpo de las mujeres.
JUSTICIA Y REPARACIÓN
¡AHORA!
