Esterilizaciones forzadas e impunidad

Qué difícil es hacer justicia cuando las víctimas son mujeres de condición humilde

La República(Página editorial, 01-04-2012)
Cuando la justicia tarda en llegar cabe preguntarse si alguien con poder e influencia está  interesado en mantener la impunidad de un delito. Y es que a menudo los hilos de la  política detienen, aceleran o archivan las decisiones que se toman en el ámbito judicial. Esto es lo que parece estar ocurriendo con las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas miles de peruanas de condición humilde durante el fujimorato. Esta semana, activistas por los derechos de la mujer revelaron que parlamentarios de Fuerza 2011 y el Apra buscan interferir en el proceso judicial que se sigue por esta práctica ilegal. La injerencia política se estaría dando al mismo tiempo que se ha advertido la lentitud del Ministerio Público para cumplir con la reapertura de este caso, prometida a fines del año pasado. En octubre del 2011  la Fiscalía de la Nación anunció que  reactivaría las investigaciones de las esterilizaciones forzadas. Sin embargo, hasta hoy no se ha revisado ninguno de los 62 tomos del expediente que contiene los hechos delictivos que afectaron a 2074 mujeres, de las cuales 18 perdieron la vida. Más de cinco meses han transcurrido desde que se hizo el anuncio, pero no se ha avanzado al respecto.

¿Que haya transcurrido más de una década desde que se cometieron estos delitos significa acaso que no se deba hacer justicia?  Las esterilizaciones forzadas son considerados delitos de lesa humanidad,  y por tanto, no prescriben. Durante el gobierno de Fujimori fueron parte de una política pública, llevada a cabo por funcionarios que hoy deberían responder por esos actos. Está probado que las ligaduras de trompas practicadas se hicieron sin el consentimiento de las mujeres y en algunos casos, bajo amenaza de represalias. La mayoría de las víctimas vivía en situación de extrema pobreza, muchas eran quechuahablantes. La mal llamada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) puso de manifiesto la discriminación contra las mujeres indígenas. Esa condición de vulnerabilidad social nos lleva a reiterar nuestra demanda de justicia en nombre de ellas. Sancionar a los responsables marcará sin duda un precedente. El 4 de abril de 1998, después de haber sido sometida a una ligadura de trompas, María Mestanza, una campesina de Cajamarca, falleció. Su agonía duró ocho días. Esta semana Jacinto Salazar, su compañero y padre de sus hijos, estuvo en Lima y compartió su dolor: “Ha pasado tanto tiempo y no he encontrado paz ni justicia”.