En el Poder Judicial aún no se aplica totalmente el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-1161 sobre apreciación de la prueba en delitos contra la libertad sexual, informaron lideresas de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima (FEMOCCPALM) a la adjunta encargada del despacho del Defensor del Pueblo, Claudia del Pozo, y a la Adjunta para los derechos de la Mujer, Carolina Garcés, en el primer diálogo ciudadano que se realiza para mejorar la calidad de los servicios judiciales, especialmente en casos de violencia sexual contra las mujeres.
La reunión se llevó a cabo el miércoles 17 de octubre, y permitió que las lideresas de los comedores lleven a la Defensoría del Pueblo las quejas más frecuentes de sus socias.
“Muchas veces en lugar de preguntar qué está pasando preguntan más cómo fue una y otra vez, y eso lastima a las mujeres. Otros realizan preguntas inapropiadas, como porqué te habrá pegado?, qué habrás hecho?”, señaló Nelly Pérez de Peña, presidenta de comedores autónomos de San Juan de Lurigancho.
En la cita participaron también Luz Medina Gonzales, Cristina Quispe Cuba, Haydee Massoni Cano y Esther Sánchez, dirigentes de los comedores en distintos distritos de Lima; quienes expresaron que el principal temor entre las mujeres es que sus denuncias sobre maltratos y violencia queden impunes.
Como se recuerda, el propio presidente del Poder Judicial, César San Martín, ha señalado que en el 90% de procesos judiciales por violación de mujeres mayores de 17 años, los victimarios son absueltos o el Ministerio Público no formula una denuncia contra ellos por falta de pruebas.
No les creen
El citado acuerdo plenario, aprobado en diciembre pasado, es de aplicación obligatoria por jueces y juezas que procesan delitos contra la libertad sexual, señalando reglas para la valoración de las pruebas en estos casos. Los prejuicios o estereotipos de género al momento de juzgar los delitos sexuales deben dejarse de lado desde una perspectiva de género, pero éstos persisten; de acuerdo a lo expresado por las mujeres de FEMOCCPAALM.
Cuando las mujeres denuncian maltratos y violaciones, no les creen, afirmaron. Por ello, las lideresas demandaron que jueces y juezas lleven cursos de género en su formación, “para que se sensibilicen con el tema”.
Informe de la Defensoría
A través de los Diálogos Ciudadanos iniciados con la Defensoría del Pueblo, las mujeres que dirigen la organización de comedores han decidido transmitir los reclamos de sus socias, aplicando un rol vigilante sobre los servicios de justicia, dada la cantidad de denuncias y preocupaciones.
En la actualidad hay 35 mil casos judicializados de violencia sexual, según información del Poder Judicial.
La Defensora adjunta, por su parte, les informó que la Defensoría del Pueblo presentó hace tres semanas un informe sobre violencia sexual contra la mujer, analizando cual es la respuesta integral del Estado frente a situaciones de violencia de todo tipo contra la mujer.
“Por ejemplo nos preocupa la insistencia en que los jueces pidan la pericia psicológica. En todo caso hemos incidido en la necesidad de que esta pericia sea gratuita y en condiciones que se permita a la víctima abrirse y tener la atención que requieren de madera idónea, como también evitar que la persona violentada tenga que repetir sus testimonios”, señaló la doctora Del Pozo. Agregó que han pedido a las autoridades no preguntar sobre la vida sexual pasada de la víctima.
Por su parte, la Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer dijo: “Sabemos que existe un protocolo para la medición de daño psicológico, pero hasta el momento no se aplica”.
Participaron también en este encuentro representantes del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS). En lo que queda del mes de octubre, y en noviembre, se realizarán también Diálogos Ciudadanos entre las dirigentes de FEMOCCPAALM con autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial y directivos de la Academia de la Magistratura.
Lima, 19 de Octubre 2012
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