miércoles, 27 de febrero de 2013
Antonia Moreno de Cáceres, amor a la patria
(Texto de Delfina Paredes Aparicio) Antonia Moreno Leiva vio la luz de la Patria y el mundo el 13 de junio de 1845 en el distrito de San Juan, bañado por las aguas del río Ica que nace en alturas de Huancavelica. Recibió de sus padres Fulgencio y Antonia, instrucción y una educación insobornable que marcaría su conducta de por vida.
Aún no habría cumplido los 20 años cuando conoció a Andrés Avelino Cáceres, con quien contrajo matrimonio el año1876.
El 5 de abril de 1879 se inició una etapa de funestos acontecimientos para nuestra Patria, que templaron hasta límites indecibles las fibras de resistencia del pueblo.
Ante la declaratoria de guerra e invasión de nuestro territorio, emergió la respuesta inmediata de miles de peruanos que acudieron en su defensa. En el Cusco se encontraba entonces como Prefecto, el Coronel Andrés Avelino Cáceres. No hubo duda, no hubo vacilación para abandonar su cargo, reestructurar el Batallón Zepita y ni aún para dejar su hogar, porque a su lado y frente a él estaba Antonia Moreno, enhiesta ante la adversidad y decidida a incorporarse desde ese momento a la defensa de la Patria.
Múltiples eran las tareas para el abastecimiento del ejército y en todas ellas participó convocando a otras mujeres para confeccionar uniformes, dotar de mínimas vituallas a los soldados cuya gran mayoría estaba integrada por runas. Alentadas por ese ejemplo cientos de huarmis ataron su hijo y el qepi a sus espaldas y emprendieron la ruta hasta los límites de la Patria. “Las rabonas” las llamaron, pretendiendo menguar su papel en la historia.
Antonia no puede partir. La imaginamos a la salida del Cusco, con sus pequeñitas Hortensia y Zoila Aurora, tomadas de su falda, Amelia en sus brazos y con el corazón dividido viendo alejarse el Batallón Zepita.
Todos los nombres de las batallas, de los pueblos arrasados por el invasor, se instalarán en su memoria y en su espíritu para siempre: Iquique, Dolores, Pisagua, la candente pampa del Tarugal, Tarapacá, Arica Tacna.
Es la tarde del 15 de enero de 1881. Los invasores han arribado a la Capital. Hace meses que Cáceres apenas si ha llegado en pocas oportunidades a la casa y hace dos días que el ejército conformado por universitarios, profesionales, artesanos, indios en su mayoría, está en el campo de batalla.
El 13 por la noche fogatas inmensas se aprecian en la lejanía, por el balneario de Chorrillos.
El terror se ha instalado en las casas limeñas, donde han quedado sólo mujeres, niños y ancianos. Y ahora, Miraflores también está a punto de sucumbir.
Van llegando los sobrevivientes, algunos heridos, buscando el refugio de sus hogares. Antonia ha instalado un botiquín de emergencia y junto con las mujeres que la acompañan, socorre a algunos, alcanza agua y emoliente a otros. Las horas pasan su angustia va creciendo, algunos informan que ya todo el ejército se ha retirado del campo de batalla.
Pero Cáceres sigue combatiendo, ha bajado hasta la quebrada de Armendáriz con las municiones casi agotadas, envía a uno de sus ayudantes por apoyo, pero éste no llega.
Quebrantada finalmente la resistencia, abrumado por el fuego enemigo ya no le es posible contener la dispersión de la tropa. Está solo, con la pierna herida y debe abandonar el campo.
Antonia espera su llegada, las horas pasan, la tropa invasora ingresa a la ciudad; despavorida la gente trata de protegerse en sus casas, trancan puertas y ventanas y se encomiendan a Dios.
Antonia, también invoca a Dios y arriesgando su vida va en busca del héroe, recorriendo las ambulancias. No lo encuentra, teme lo peor. Agotada y pensando en su hijas pequeñitas retorna al hogar.
Al inicio del nuevo día alguien viene a comunicarle que Cáceres, aunque herido, está en lugar seguro. Los padres jesuitas lo han atendido en la ambulancia instalada en San Pedro y lo han escondido en el convento. El alivio llega a su agobiado corazón. Incontenible llanto brota de sus ojos, quizá como un presagio o preparación a la terrible y portentosa tarea que le aguarda en la Breña. donde cumplirá el deber, en primera línea, de limpiar la bandera y la humillación de la Patria con sus acciones, con sus palabras y seguramente también con sus lágrimas.
Todo lo que podamos decir será una pálida imagen de lo que constituyó la participación de Antonia Moreno. Siento como que cargó todo el peso de la ignominia, del escarnio que sufrió el Perú durante la ocupación de nuestro territorio, y tuvo la capacidad sobrehumana de
secundar sin un reproche, sin pretextos, sin condiciones, con iniciativas propias, a Cáceres y al puñado de patriotas cuyos nombres debiéramos aprender para no olvidarlos jamás.
El 15 de abril de 1881, apenas recuperado de sus heridas, Cáceres emprende solo el viaje a Chosica y luego continúa hasta Jauja, donde empieza, de cero, realmente de la nada, a organizar el ejército de la Resistencia.
Un tiempo después llega Antonia, llevando la misión política de abrir un diálogo entre su esposo y el doctor García Calderón, Presidente Provisorio de la República.
En los pocos días que permanece Antonia en Matucana, puede advertir la carencia casi absoluta de armamento, así como de vestimenta del incipiente ejército. Decide entonces, a su retorno, dedicarse a la tarea de conseguir armas y convoca a patriotas, mujeres y hombres a constituir un comité patriótico de conspiradores en el que participó, presidiéndolo, el obispo Tordoya.
Escuchemos sus propias palabras: “Mi viaje a la sierra donde se alistaba ese puñado de héroes, resueltos a sufrir y luchar sólo por salvar el honor del Perú- pues no tenían grandes probabilidades de éxito- animó mi espíritu, rebelde a la servidumbre . Entonces me entregué con todo el ardor de mi alma apasionada a la defensa de nuestra causa, dedicándome a la conspiración más tenaz y decidida contra las fuerzas de ocupación”.
Su actividad era seguida y vigilada por el enemigo. Varias veces su casa fue allanada y en alguna oportunidad se la buscó para detenerla. Aunque su actividad era un riesgo permanente, cuidaba de no caer en manos del invasor. Cuando fueron a buscarla con intención de detenerla, no dudó en trepar al techo de su casa y alejarse hasta ponerse a salvo.
Constantemente acudían a ella a través del Comité Patriótico, jóvenes soldados que habían sido licenciados después de Miraflores y hasta algunos jefes. Antonia se ingenió para ponerlos en contacto con el ejército del Centro para incorporarse a él.
No se detenía ante ningún obstáculo. Enterada de que el doctor Colunga tenía bayonetas, pero enterradas en su jardín, se ofreció a desenterrarlas ella misma, con él, para poder incrementar las armas que las iban guardando bajo el escenario y los palcos del teatro Politeama. Su dueño el señor Nicolletti, aceptó esta arriesgada tarea venciendo su natural temor, al advertir que el mayor riesgo lo llevaban la señora Antonia y sus criadas, de las que se valía para transportar bajo sus mantos el armamento que obtenían.
La historia del cañoncito que logra sacar burlando la vigilancia de los invasores es realmente notable. El obispo Tordoya, había conseguido uno y la tarea más difícil era sacarlo de Lima para Chosica. Escuchemos el relato que ella nos ofrece en sus Memorias:
“Era muy arriesgado sacar armamento de Lima, estando la ciudad bien vigilada por los soldados de la guarnición chilena, pero mi dignidad de peruana se sentía humillada viviendo bajo la dominación del enemigo y decidí arriesgar mi vida si fuera preciso para ayudar a Cáceres a sacudir el oprobio que imponía el adversario.
¿Cómo librar al cañoncito de caer en manos del enemigo? Pues se me ocurrió simular un entierro. Lo hice desarmar y colocar en un ataúd. Los “deudos del difunto” eran los oficiales que debían partir con él a cuestas hasta el cementerio, primero y después hasta las abruptas sierras. Esta arriesgada hazaña necesitó gran coraje y serenidad, pues pasaron “el cadáver” ante las narices de los chilenos, pero tanto Navarro y Salarrayán tenían temple de acero, se jugaban el todo por el todo en tan atrevida proeza; Seguramente pensando que el “querido muerto” resucitaría en un día no lejano entre las crestas de los andes, lanzando con estrépito su voz vengadora”.
Esa es Antonia, ha logrado fusionar indesligablemente con el amor a la Patria, su amor maternal y su amor al marido combatiente; porque siendo sus hijas el tesoro más valioso quiere que no vivan en una patria encadenada, escarnecida y sabiendo como saben todos los peruanos, en ese momento, que la única hilacha de resistencia que decidirá su destino se está jugando en los Andes , que la noche no podrá descender mientras Cáceres empuñe la antorcha de la dignidad, se entrega en cuerpo y espíritu a colaborar con la resistencia.
Pero su presencia en Lima, constituye ya un riesgo, puede en cualquier momento ser tomada como rehén, lo que pondría a Cáceres en una terrible disyuntiva. El propio coronel la llama. Deberá salir clandestinamente, acompañada de sus tres pequeñas.
Debe pasar por la Portada de Cocharcas, donde la espera un oficial disfrazado de indígena, con él continuarían hasta las afueras, el cochero tiene temor y finge una avería negándose a seguir viaje. Providencialmente pasa una carreta llevando alfalfa y deben refugiarse en ella para continuar, pero el carretero se niega a llevarles a su destino pues trabaja en la hacienda San Borja, no tienen otra alternativa que desvíar su trayecto. De pronto un guardia chileno se aproxima. Antonia pide a las niñas que se hagan las dormidas, hace lo propio y como había tenido la precaución de vestir con ropas de pueblo, el chileno acepta que son la familia del carretero.
Si tenemos en cuenta la geografía de aquel momento en que las haciendas y chacras rodeaban a lo que hoy conocemos como la Lima cuadrada, y los medios de comunicación disponibles, podremos darnos una vaga idea de la odisea que significó para la señora Antonia esta travesía: de San Borja a Tebes, donde la espera un grupo de veinte personas, algunos de ellos oficiales que van a incorporarse al ejército. Allí deberán subir a caballo, las niñas lloran asustadas porque no están acostumbradas a cabalgar. Continúan la marcha, pasando los senderos pantanosos de Villa, la Tablada de Lurín, y, ya de noche, entre cañaverales, con riesgo de sufrir algún asalto también las ruinas de Pachacámac; y a eso de las 4 de la mañana llegan a Huaycán. En este lugar descienden y se recuestan bajo los árboles.
A las seis de la mañana prosiguen la marcha y sólo al atardecer llegan a Chontay. ¡Por fin libres! Ya están entre los suyos.
Antonia tiene la facultad de apreciar los pequeños gestos y manifestaciones cariñosas del pueblo. La tensión que la ha acompañado en todo el trayecto se diluye en la felicidad de poder lavar, quitar el polvo del camino, peinar a sus hijas y bajo un árbol generoso observa cómo las niñas han encontrado piedrecitas de colores para jugar con ellas en esa pequeña placita rodeada de humildes chozas de donde salen sus habitantes para alcanzarles alimento. Un poco más allá se levantan los cerros contundentes, se divisan los desfiladeros profundos, seguramente estrechos… Por ellos transitará su vida y la de sus hijas. Y será esta gente sencilla de escasos bienes quienes acompañen su trayecto y el de sus hijas, calmen su sed su hambre y los de sus hijas; porque su destino está ligado indisolublemente al de ellas.
Excepcional, y creemos único caso en la historia de los pueblos, en que un Comandante militar sostiene una campaña bélica con su mujer y tres pequeñas hijas a su lado. Literalmente a su lado en las marchas, avances o retiradas, por lomas o cuestas empinadas, cruzando pampas o ríos, durmiendo a la intemperie, soportando los fríos, las lluvias , los helados picachos,
Y no es una rémora, una limitación para el guerrero. Es la enfermera diligente y maternal en el terrible tifus que asoló en Chosica al ya numeroso ejército, que luego de esta plaga quedó reducido casi hasta la mitad. Y sufrirá con Cáceres por todos los que murieron en el inicio de la resistencia y sufrirá con él las dolorosas muertes en batalla. Y así como él se integra, se incorpora, se mimetiza con la raza ignorada hasta el punto de ser llamado Tayta, Antonia comparte pesares y alegrías con las mujeres, que la llamarán la Mamá Grande y verán en ella a la comandante general de las Rabonas.
Pero las adversidades, las mezquindades no están sólo de parte del invasor. Tremendo conflicto de sentimientos cuando hay que enfrentarse a los que consideramos compatriotas y actúan como traidores… Mientras en la Región Junín, el Valle del Mantaro, la ayuda de pueblo y hacendados fue unánime, desde Ayacucho, se consolidaba un grupo para frenar la Resistencia y aún enfrentarla.
A su encuentro debe ir Cáceres, y es en esa ascensión del cerro Jullcamarca, cuando una tormenta inusitada, de esas que arrastran piedras tierra y arbustos, cae implacable sobre el ejército y se lleva hombres, bestias de carga y el armamento.
Cuando, cercana la noche, sonaron los primeros truenos y despuntaron los relámpagos, Antonia y el grupo de mujeres que habían iniciado temprano el ascenso, estaban a punto de alcanzar el pueblo. A pesar de ello, llegaron empapadas a guarecerse en el templo.
Allí permanecieron, la lluvia no cesaba y sólo al clarear el alba, el sonido de una débil corneta las hizo precipitarse a la plaza; por una esquina aparecía, casi arrastrándose, lo poco que quedaba del ejército...
No hay palabras para describir la desolación que invadía a todos. Cáceres exclamó. ¡La adversidad me persigue, hasta la naturaleza me combate!
Los sobrevivientes iban llegando, Ya entrada la mañana y luego de la inspección de lugar y de hombres que se hace, se advierte que de 800 combatientes quedan sólo 400. Antonia supo de esas profundas cimas de dolor y adversidad que la imbatible voluntad de Cáceres remontó infatigable.
Y así logró en la cumbre del Acuchimay una victoria sin balas, ganando para la Resistencia a un buen grupo del ejército opositor.
Llega el momento en que Antonia advierte que ha concebido un hijo, abriga la esperanza de que sea varón. La lucha en La Breña se ha intensificado, los cambios de lugar, se suceden semana a semana. Caminatas, trotes a caballo, alimentos frugales y, algunos momentos de descanso por la cariñosa acogida de los pueblos que ofrecen no sólo sus vidas, sino también sus cantos y sus danzas, sus flores y sus frutos. Todo lo vive con intensidad. En ella está instalada la permanente zozobra por todos los avatares de La Resistencia, pero un sentimiento mayor, de plenitud por la nueva vida que lleva en su ser la embarga hasta hacer insignificantes todos los pesares.
Y en Tarma, donde está el Cuartel General, después de un prolongado y doloroso proceso de parto llega al mundo un hermosos niño muerto casi al nacer, su sufrimiento es insondable y ella también está a punto de perder la vida.
Escuchemos su propio relato “Mi salud siguió alterada durante varios días y entonces recibí la más abnegada prueba de una india, sublime en afecto por nosotras. Yo estaba con fiebre y necesitaba la extracción de mi leche, una buena mujer ofreció a su hijito para que lo lactase.
¡Vieja raza noble que tan bien sabía comprender la grandeza del deber y del honor!”
La cuesta de la Amargura aún no ha concluído. Apenas convaleciente debe seguir al ejército patriota, pues el invasor retornaba con fuerzas remozadas y bien equipadas. El 21 de mayo de 1883, los ayudantes anunciaron: ¡General, los chilenos a la vista!
Antonia no solicita protección, quiere evitar a Cáceres cualquier distracción que lo intranquilice o aleje de su responsabilidad guerrera. Viste apresuradamente a sus hijas y confundidas con el grupo de mujeres avanzan hasta Cerro de Pasco con el ejército.
Desde este momento no habrá tregua, Huánuco, Huariaca, Ambo, Recuay, Huaraz.
Es imprescindible para Cáceres tomar una decisión ante la amenaza de los ejércitos invasores de Gorostiaga y Arriagada que por el norte y por la costa pretendían cercarlo.
Cáceres convoca a una Junta de Guerra en la que Recavarren, Luna y otros oficiales apoyaron la decisión de dar el combate en Huamachuco. Cáceres decide tramontar con el ejército la cordillera. Será una ascensión durísima por senderos estrechos e inseguros donde algunos hombres y bestias se desbarrancaron cayendo a profundos abismos.
Es inexorable la separación de Antonia, que debe salvar a sus hijas. Bastante deteriorada su salud, se dispone a emprender una dura travesía que la conduzca a algún lugar seguro.
Pasados los años recuerda aquel terrible momento: “Un rato duró la penosa despedida. Cáceres y sus acompañantes parecían el símbolo del dolor. Se acercaron a nosotras y nos abrazaron cariñosamente. Cáceres acarició a sus hijitas intensamente emocionado, fue desgarrador, como si mil puñales nos hubieran atravesado el corazón…”
Cruzando nuevamente los Andes, hasta la costa; atravesando nuestro territorio donde estaba instalado el invasor bajo muchas modalidades; Antonia, doblegada por una tifus que se le manifestó en el trayecto y que sólo con la ayuda de patriotas que corriendo el riesgo de ser fusilados la acompañaban o escondían, logró salvarse y salvar a sus hijas.
De toda la inmensa experiencia vivida, Antonia, destaca la participación de los demás. En sus memorias enaltece la intervención de jefes y soldados y guerrilleros en La Resistencia y tiene particulares frases de cariño para el pueblo menos favorecido. Y así nos dice:
“Siempre estuvieron listos para luchar valientemente contra el opresor .Ellos soportaron con la más grande abnegación y coraje todo el formidable peso de esa epopeya de La Breña, que a fuerza de heroísmo y sacrificio dejó muy limpio y alto el pendón del Perú. Como peruana y testigo de sus grandes hechos, quiero dejar una palabra de cariñosa gratitud a esos queridos indios e indias de las sierras andinas.”
Y nosotros Señora Antonia, Ilustre Rabona de La Breña, nos quedamos prendados de tu historia y desde nuestra pequeñez te rendimos tributo y agradecimiento por habernos enseñado cómo se ama y defiende el territorio de la Pachamama que llamamos Perú.
lunes, 29 de octubre de 2012
Jueces y juezas al aula: que lleven cursos de género, demandan dirigentas de comedores populares
“Es urgente que la Academia de la Magistratura incluya el enfoque y cursos de género en su currícula académica en forma regular, para que jueces y juezas entiendan a las mujeres cuando éstas pasen por un proceso judicial, especialmente cuando denuncie delitos contra la libertad sexual”, demandaron esta mañana lideresas de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima (FEMOCCPALM) y representantes del Estudio de Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) al Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Francisco Távara Córdova.
El encuentro se realizó como parte de una ronda de Diálogos Ciudadanos que realizan las lideresas de comedores populares con autoridades del sistema judicial, llevando las demandas de sus asociadas.
“La violencia sexual es un tipo de violencia que afecta principalmente a las mujeres, nuestras socias nos transmiten sus problemas”, afirmó Violeta Pérez, dirigenta de FEMOCCPALM, durante la reunión. Las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público entre enero y agosto del año pasado, las más recientes en el tema, evidencian esta afirmación: se han registrado más denuncias por delito de violación sexual (5,286 denuncias por violación de la libertad sexual en Lima Metropolitana y el Callao), que por delitos de hurto y robo.
La urgencia para esta formación especializada en género y derechos fundamentales de la mujer, dirigida a magistrados y magistradas, se plantea porque esta la incidencia de denuncias sobre violencia sexual no es una cifra del momento. En los últimos diez años en el país se han registrado 63 mil 545 denuncias por violación de la libertad sexual y la mayoría de ellas (el 38.4%) se cometieron en Lima, según estadísticas policiales, convirtiendo al Perú en el país con más violaciones sexuales en Sudamérica (*).
“La respuesta a estas denuncias no puede seguir siendo la impunidad”, resaltó Luz Medina, también dirigente de la FEMOCCPALM. Según afirmaciones del presidente del Poder Judicial, César San Martín, en el 90% de procesos judiciales por violación de mujeres mayores de 17 años, los victimarios son absueltos o el Ministerio Público no formula una denuncia contra ellos por falta de pruebas.
Una de las causas para esta impunidad tiene que ver con la presencia de estereotipos de género en los jueces y juezas, afirmó María Ysabel Cedano, abogada de Demus, durante la reunión con los directivos de la AMAG, citando informes de la Defensoría del Pueblo.
Las otras cifras de violencia contra la mujer refuerzan también esta urgencia: de las 100,800 denuncias ante Policía Nacional del Perú por violencia familiar (año 2010), más del 90% corresponde a las mujeres; y entre enero y julio del año pasado, 48 mujeres fueron víctimas de feminicidio.
Por ello, agregó Cedano, la especialidad en género tendría que ser un requisito para ingresar y ascender en la carrera judicial, tema que también será visto por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Este es el segundo Diálogo Ciudadano que sostienen las dirigentas de la FEMOCCPALM. El primero se llevó a cabo el pasado 17 de octubre, con representantes de la Defensoría del Pueblo.
Lima, 29 de Octubre 2012
(*) “Violaciones
sexuales en el Perú 2000-2009: un informe sobre el estado de la situación”, libro de Jaris
Mujica.
domingo, 21 de octubre de 2012
Pese a Acuerdo Plenario sobre apreciación de pruebas, persisten prejuicios en el Poder Judicial en casos de violencia sexual contra la mujer
Lideresas de comedores populares iniciaron ronda de Diálogos Ciudadanos que tendrán con autoridades con la Defensoría del Pueblo, llevando demandas de sus asociadas.
En el Poder Judicial aún no se aplica totalmente el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-1161 sobre apreciación de la prueba en delitos contra la libertad sexual, informaron lideresas de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima (FEMOCCPALM) a la adjunta encargada del despacho del Defensor del Pueblo, Claudia del Pozo, y a la Adjunta para los derechos de la Mujer, Carolina Garcés, en el primer diálogo ciudadano que se realiza para mejorar la calidad de los servicios judiciales, especialmente en casos de violencia sexual contra las mujeres.
La reunión se llevó a cabo el miércoles 17 de octubre, y permitió que las lideresas de los comedores lleven a la Defensoría del Pueblo las quejas más frecuentes de sus socias.
“Muchas veces en lugar de preguntar qué está pasando preguntan más cómo fue una y otra vez, y eso lastima a las mujeres. Otros realizan preguntas inapropiadas, como porqué te habrá pegado?, qué habrás hecho?”, señaló Nelly Pérez de Peña, presidenta de comedores autónomos de San Juan de Lurigancho.
En la cita participaron también Luz Medina Gonzales, Cristina Quispe Cuba, Haydee Massoni Cano y Esther Sánchez, dirigentes de los comedores en distintos distritos de Lima; quienes expresaron que el principal temor entre las mujeres es que sus denuncias sobre maltratos y violencia queden impunes.
Como se recuerda, el propio presidente del Poder Judicial, César San Martín, ha señalado que en el 90% de procesos judiciales por violación de mujeres mayores de 17 años, los victimarios son absueltos o el Ministerio Público no formula una denuncia contra ellos por falta de pruebas.
No les creen
El citado acuerdo plenario, aprobado en diciembre pasado, es de aplicación obligatoria por jueces y juezas que procesan delitos contra la libertad sexual, señalando reglas para la valoración de las pruebas en estos casos. Los prejuicios o estereotipos de género al momento de juzgar los delitos sexuales deben dejarse de lado desde una perspectiva de género, pero éstos persisten; de acuerdo a lo expresado por las mujeres de FEMOCCPAALM.
Cuando las mujeres denuncian maltratos y violaciones, no les creen, afirmaron. Por ello, las lideresas demandaron que jueces y juezas lleven cursos de género en su formación, “para que se sensibilicen con el tema”.
Informe de la Defensoría
A través de los Diálogos Ciudadanos iniciados con la Defensoría del Pueblo, las mujeres que dirigen la organización de comedores han decidido transmitir los reclamos de sus socias, aplicando un rol vigilante sobre los servicios de justicia, dada la cantidad de denuncias y preocupaciones.
En la actualidad hay 35 mil casos judicializados de violencia sexual, según información del Poder Judicial.
La Defensora adjunta, por su parte, les informó que la Defensoría del Pueblo presentó hace tres semanas un informe sobre violencia sexual contra la mujer, analizando cual es la respuesta integral del Estado frente a situaciones de violencia de todo tipo contra la mujer.
“Por ejemplo nos preocupa la insistencia en que los jueces pidan la pericia psicológica. En todo caso hemos incidido en la necesidad de que esta pericia sea gratuita y en condiciones que se permita a la víctima abrirse y tener la atención que requieren de madera idónea, como también evitar que la persona violentada tenga que repetir sus testimonios”, señaló la doctora Del Pozo. Agregó que han pedido a las autoridades no preguntar sobre la vida sexual pasada de la víctima.
Por su parte, la Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer dijo: “Sabemos que existe un protocolo para la medición de daño psicológico, pero hasta el momento no se aplica”.
Participaron también en este encuentro representantes del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS). En lo que queda del mes de octubre, y en noviembre, se realizarán también Diálogos Ciudadanos entre las dirigentes de FEMOCCPAALM con autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial y directivos de la Academia de la Magistratura.
Lima, 19 de Octubre 2012
En el Poder Judicial aún no se aplica totalmente el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-1161 sobre apreciación de la prueba en delitos contra la libertad sexual, informaron lideresas de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima (FEMOCCPALM) a la adjunta encargada del despacho del Defensor del Pueblo, Claudia del Pozo, y a la Adjunta para los derechos de la Mujer, Carolina Garcés, en el primer diálogo ciudadano que se realiza para mejorar la calidad de los servicios judiciales, especialmente en casos de violencia sexual contra las mujeres.
La reunión se llevó a cabo el miércoles 17 de octubre, y permitió que las lideresas de los comedores lleven a la Defensoría del Pueblo las quejas más frecuentes de sus socias.
“Muchas veces en lugar de preguntar qué está pasando preguntan más cómo fue una y otra vez, y eso lastima a las mujeres. Otros realizan preguntas inapropiadas, como porqué te habrá pegado?, qué habrás hecho?”, señaló Nelly Pérez de Peña, presidenta de comedores autónomos de San Juan de Lurigancho.
En la cita participaron también Luz Medina Gonzales, Cristina Quispe Cuba, Haydee Massoni Cano y Esther Sánchez, dirigentes de los comedores en distintos distritos de Lima; quienes expresaron que el principal temor entre las mujeres es que sus denuncias sobre maltratos y violencia queden impunes.
Como se recuerda, el propio presidente del Poder Judicial, César San Martín, ha señalado que en el 90% de procesos judiciales por violación de mujeres mayores de 17 años, los victimarios son absueltos o el Ministerio Público no formula una denuncia contra ellos por falta de pruebas.
No les creen
El citado acuerdo plenario, aprobado en diciembre pasado, es de aplicación obligatoria por jueces y juezas que procesan delitos contra la libertad sexual, señalando reglas para la valoración de las pruebas en estos casos. Los prejuicios o estereotipos de género al momento de juzgar los delitos sexuales deben dejarse de lado desde una perspectiva de género, pero éstos persisten; de acuerdo a lo expresado por las mujeres de FEMOCCPAALM.
Cuando las mujeres denuncian maltratos y violaciones, no les creen, afirmaron. Por ello, las lideresas demandaron que jueces y juezas lleven cursos de género en su formación, “para que se sensibilicen con el tema”.
Informe de la Defensoría
A través de los Diálogos Ciudadanos iniciados con la Defensoría del Pueblo, las mujeres que dirigen la organización de comedores han decidido transmitir los reclamos de sus socias, aplicando un rol vigilante sobre los servicios de justicia, dada la cantidad de denuncias y preocupaciones.
En la actualidad hay 35 mil casos judicializados de violencia sexual, según información del Poder Judicial.
La Defensora adjunta, por su parte, les informó que la Defensoría del Pueblo presentó hace tres semanas un informe sobre violencia sexual contra la mujer, analizando cual es la respuesta integral del Estado frente a situaciones de violencia de todo tipo contra la mujer.
“Por ejemplo nos preocupa la insistencia en que los jueces pidan la pericia psicológica. En todo caso hemos incidido en la necesidad de que esta pericia sea gratuita y en condiciones que se permita a la víctima abrirse y tener la atención que requieren de madera idónea, como también evitar que la persona violentada tenga que repetir sus testimonios”, señaló la doctora Del Pozo. Agregó que han pedido a las autoridades no preguntar sobre la vida sexual pasada de la víctima.
Por su parte, la Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer dijo: “Sabemos que existe un protocolo para la medición de daño psicológico, pero hasta el momento no se aplica”.
Participaron también en este encuentro representantes del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS). En lo que queda del mes de octubre, y en noviembre, se realizarán también Diálogos Ciudadanos entre las dirigentes de FEMOCCPAALM con autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial y directivos de la Academia de la Magistratura.
Lima, 19 de Octubre 2012
jueves, 3 de mayo de 2012
L.C. quiere volver a estar de pie
(La República, 03.05.2012) Tiene la tez trigueña y su cuerpo, que aún luce una apariencia de niña, está postrado sobre una silla de ruedas. Nos dice que casi no tiene amigos, pero que sueña con tenerlos una vez que vuelva a caminar.
Volver a estar en pie es el primero de todos sus anhelos.
"A los 9 años ya había sufrido una violación, fue una persona distinta. Cargando cuatro años con eso en la conciencia no podía tomar otra decisión. Me preguntan ¿por qué no hablaste? Porque tenía miedo, estaba amenazada", recuerda L.C. con la voz aún temerosa, como si fuera a llorar. Sin embargo, su pena se convierte en decepción cuando recuerda que pudo recibir ayuda y no se la dieron. "Un hijo se engendra cuando hay amor. Lo que yo tenía en mi vientre era solo un feto. Yo les decía que era producto de una violación, de algo que yo no había permitido. Me decían que tenía que esperar y así una junta médica tras otra. Mis piernas se fueron endureciendo esos cuatro meses", recuerda L.C.
Plazo cumplido
"Yo espero que el Estado ahora responda como debe, no solo los médicos, sino el Estado. De no hacerlo, sería una burla para mí", comenta mientras recuerda la dura experiencia que le tocó vivir. No solo las violaciones de las que fue víctima, sino que, además de eso, no se le brindara una atención que estaba necesitando con urgencia.
La especialista de Promsex, Rossina Guerrero, explica que el Estado tiene que responder ante la ONU porque se ha cumplido el plazo que el comité le dio a Perú (hace cuatro días, el 30 de abril) para que le informe sobre el avance de estas políticas y de las reparaciones a las víctimas.
En ese sentido, apuntó que falta decisión política para respetar la vida y la salud de las mujeres. Apuntó también que un 30% de las muertes maternas ocurren por problemas de salud que se agravan a causa del embarazo y se hace poco por prevenir esta situación.
Mientras tanto, L.C. sigue en precaria casa de madera, esperando por ayuda mientras ve pasar por su puerta a sus agresores, caminando libres. "A mis agresores los veo, es algo chocante. Hasta donde tengo entendido ellos están con orden de captura. ¿Qué espera la justicia?", reclama.
Pero esa rabia no la desanima; al contrario, le da una energía extraña a sus ojos, esa energía contenida en una silla de ruedas y que pronto podría estallar en forma de emocionados pasos. "Yo sé que puedo caminar, pero necesito que el Estado me ayude para ir a alguna institución y rehabilitarme. Sé que puedo hacerlo", dice, y sus ojos brillan con una contundente esperanza. (Foto: Alberto Pereira)
Volver a estar en pie es el primero de todos sus anhelos.
"A los 9 años ya había sufrido una violación, fue una persona distinta. Cargando cuatro años con eso en la conciencia no podía tomar otra decisión. Me preguntan ¿por qué no hablaste? Porque tenía miedo, estaba amenazada", recuerda L.C. con la voz aún temerosa, como si fuera a llorar. Sin embargo, su pena se convierte en decepción cuando recuerda que pudo recibir ayuda y no se la dieron. "Un hijo se engendra cuando hay amor. Lo que yo tenía en mi vientre era solo un feto. Yo les decía que era producto de una violación, de algo que yo no había permitido. Me decían que tenía que esperar y así una junta médica tras otra. Mis piernas se fueron endureciendo esos cuatro meses", recuerda L.C.
Plazo cumplido
"Yo espero que el Estado ahora responda como debe, no solo los médicos, sino el Estado. De no hacerlo, sería una burla para mí", comenta mientras recuerda la dura experiencia que le tocó vivir. No solo las violaciones de las que fue víctima, sino que, además de eso, no se le brindara una atención que estaba necesitando con urgencia.
La especialista de Promsex, Rossina Guerrero, explica que el Estado tiene que responder ante la ONU porque se ha cumplido el plazo que el comité le dio a Perú (hace cuatro días, el 30 de abril) para que le informe sobre el avance de estas políticas y de las reparaciones a las víctimas.
En ese sentido, apuntó que falta decisión política para respetar la vida y la salud de las mujeres. Apuntó también que un 30% de las muertes maternas ocurren por problemas de salud que se agravan a causa del embarazo y se hace poco por prevenir esta situación.
Mientras tanto, L.C. sigue en precaria casa de madera, esperando por ayuda mientras ve pasar por su puerta a sus agresores, caminando libres. "A mis agresores los veo, es algo chocante. Hasta donde tengo entendido ellos están con orden de captura. ¿Qué espera la justicia?", reclama.
Pero esa rabia no la desanima; al contrario, le da una energía extraña a sus ojos, esa energía contenida en una silla de ruedas y que pronto podría estallar en forma de emocionados pasos. "Yo sé que puedo caminar, pero necesito que el Estado me ayude para ir a alguna institución y rehabilitarme. Sé que puedo hacerlo", dice, y sus ojos brillan con una contundente esperanza. (Foto: Alberto Pereira)
jueves, 5 de abril de 2012
ESTERILIZACIONES FORZADAS: ¡16 AÑOS DE IMPUNIDAD!
Al cumplirse 20 años del
golpe de Estado del 5 de abril, las organizaciones feministas DEMUS- Estudio
para la defensa de los derechos de la mujer, Movimiento Manuela Ramos,
Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, PROMSEX
y CLADEM-Perú, exigimos justicia y
reparación para aquellas que fueron
esterilizadas forzadamente en el marco del Programa de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar 1996-2000, implementado por el ex Presidente Alberto
Fujimori y sus ex ministros de salud: Alejandro Aguinaga (hoy congresista de
Fuerza 2011), Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta.
La justicia en peligro
El pasado 21 de octubre,
la Fiscalía de la Nación reabrió el proceso de investigación que involucra a
los tres ex ministros de salud, afirmando que el archivamiento de las denuncias
en el año 2010, no tomó en cuenta que se trataba de una violación a los
derechos humanos y no analizó la participación de cada uno de los implicados.
Pese a esta decisión, la falta
de voluntad de las autoridades del Ministerio Público y la presión que reciben
de grupos políticos constituyen un riesgo para que las miles de víctimas, en su
mayoría mujeres campesinas, indígenas y en situación de pobreza, logren justicia.
Este mega proceso que ya
cuenta con 62 tomos e involucra por lo menos a 2074 mujeres de diferentes
regiones del país, no ha sido dotado de los recursos económicos, humanos y
técnicos necesarios para que la Primera Fiscalía Penal Supranacional los
enfrente adecuadamente.
Situación que se agrava si
se considera que el actual congresista y directamente implicado Alejandro
Aguinaga conjuntamente con congresistas fujimoristas, apristas y de la Alianza
por el Gran Cambio, remitieron una carta solicitando información sobre el caso
al Procurador Supranacional de Derechos Humanos. Según información del
Ministerio Público, el mencionado congresista también ha cuestionado que se
reabra la investigación como consta en una carta que se encuentra en poder del
Coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales.
Por ello, exigimos al
Ministerio Público actuar con independencia en la investigación del caso, dotar
de recursos económicos, humanos y técnicos a la
fiscalía a cargo, y contribuir a la adecuada sanción de los responsables de
esta política estatal que vulneró los derechos de las mujeres.
El gobierno de Ollanta Humala no
repara a las victimas
Pese a que el Presidente
Ollanta Humala se pronunció sobre las esterilizaciones forzadas durante la
última campaña electoral, promoviendo el derecho a la justicia de las
agraviadas y posicionando el tema como una grave violación a los derechos
humanos de las mujeres, consideramos preocupante su silencio e inacción para
implementar una política de reparaciones para las mujeres afectadas. Salvo la
decisión del año 2006, poco difundida, de reconocer su inclusión en el Seguro
Integral de salud, las mujeres no han recibido reparación alguna desde el
Estado y estos crímenes siguen en la impunidad.
Por ello, exigimos al
Presidente Humala que se implemente de manera urgente una política integral de
reparaciones, para lo cual es necesario instalar una Comisión Multisectorial
encargada de su ejecución y supervisión. Las mujeres no solo deben recibir
reparaciones en salud, sino también reparaciones en educación, económicas,
simbólicas y comunitarias.
Nunca más el cuerpo de las mujeres usado para
el control de la natalidad y la pobreza.
NUNCA MÁS una mujer
esterilizada sin su consentimiento.
NO más vulneración a
la autonomía y cuerpo de las mujeres.
JUSTICIA Y REPARACIÓN
¡AHORA!
domingo, 1 de abril de 2012
Reclamo de justicia
(Diario La Primera, Patricia Chumo 01.04.2012) Una deuda pendiente tiene el Estado peruano desde hace 16 años, cuando 2,074 mujeres peruanas, principalmente de las zonas más alejadas del país, fueron sometidas a esterilizaciones forzadas, como parte de una inhumana política del Estado.
Ahora las víctimas piden al presidente Ollanta Humala que haga justicia y que se aceleren las investigaciones a cargo del Ministerio Público.
Durante la Mesa Redonda “Justicia y Reparación para Víctimas de Esterilización Forzada”, realizada por el colectivo conformado por organizaciones de mujeres como Movimiento Manuela Ramos, Demus, Flora Tristán y la Coordinadora Nacional de derechos humanos, las mujeres alzaron su voz debido a que, desde octubre del año pasado, cuando el Ministerio Público ordenó reabrir el caso de esterilizaciones forzadas, no ha habido mayores avances en el tema.
“Las mujeres que fueron esterilizadas no encuentran justicia ni han accedido a ningún tipo de reparación por parte del Estado y por ello exigimos que nunca más se ponga en marcha una política de salud tan equivocada y que este tipo de delito, de lesa humanidad, no quede impune”, expresó Josefina Ramírez, activista de los derechos de las mujeres, quien vio cómo en su natal Huancabamba (Piura) durante 1993 y el 2001 muchas madres de familia fueron sometidas a este tipo de prácticas sin su consentimiento.
Ante el olvido por parte de los gobiernos que han seguido tras la dictadura de Fujimori, las mujeres exigieron que el presidente Humala no deje que quede impune semejante barbarie.
APOYO A LAS VÍCTIMAS
Como parte de las demandas presentadas se encuentran las de invertir en un sistema de salud pública y mental en las zonas donde ocurrieron los casos, la reparación psicológica, económica y de empoderamiento para las víctimas a través de obras que les generen ingresos, así como la promoción desde el estado peruano de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres y la protección del derecho de las ciudadanas a decidir sobre sus cuerpos.
En el evento estuvo presente Victoria Vigo, una de las mujeres afectadas por el programa de planificación familiar ejecutado por el ministro de salud de ese entonces, Alejandro Aguinaga.
“Yo fui esterilizada en 1996, tenía 32 semanas de embarazo y fui de emergencia al hospital regional de Piura donde tuvieron que hacerme una cesárea. Ahí los médicos aprovecharon para esterilizarme. Nadie me dijo nada, pero yo escuché cuando conversaban sobre lo que acababan de hacerme”, relató.
Ella agregó que es necesario que se continúen las investigaciones a cargo de la fiscal Edith Chamorro, titular de LA PRIMERA Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima.
La directora de Demus, Jeannette Llaja, recordó que el 21 de octubre del año pasado la Fiscalía de la Nación ordenó la reapertura de las investigaciones del caso “María Mamérita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas”.
Llaja precisó que de las 2,074 mujeres que fueron afectadas, 18 murieron a causa de cuadros de infecciones generalizadas ocasionadas por las malas condiciones en que se realizaron los procedimientos.
300 MIL VÍCTIMAS
La defensora de los derechos de las mujeres indicó que en realidad fueron esterilizadas cerca de 300 mil mujeres. “Fue una política directamente dirigida a esterilizaciones quirúgicas. No es que se les haya dado a elegir el método de planificación familiar a las afectadas, sino que el personal de salud actuó sin su consentimiento”, agregó.
Ante la falta de acción en este caso, la representante de Demus exhortó al Ejecutivo a retomar el tema y establecer medidas de reparación las cuales tendrían que tener como piso lo que se le dio a la familia de la señora María Mamérita Mestanza que consistió en reparación en salud, Educación y dinero.
“La fiscal Chamorro está dispuesta a investigar, pero no tiene las condiciones necesarias. Tiene una carga laboral grande, poco personal y escaso presupuesto. Además es importante que se mantenga la independencia de la Fiscalía, porque hay claros indicios de presiones desde el Congreso, concretamente del doctor Aguinaga, quien está involucrado en el caso”, finalizó.
Esterilizaciones forzadas e impunidad
Qué difícil es hacer justicia cuando las víctimas
son mujeres de condición humilde
La República(Página editorial, 01-04-2012)
Cuando la justicia tarda en llegar cabe preguntarse si alguien con poder e influencia está interesado en mantener la impunidad de un delito. Y es que a menudo los hilos de la política detienen, aceleran o archivan las decisiones que se toman en el ámbito judicial. Esto es lo que parece estar ocurriendo con las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas miles de peruanas de condición humilde durante el fujimorato. Esta semana, activistas por los derechos de la mujer revelaron que parlamentarios de Fuerza 2011 y el Apra buscan interferir en el proceso judicial que se sigue por esta práctica ilegal. La injerencia política se estaría dando al mismo tiempo que se ha advertido la lentitud del Ministerio Público para cumplir con la reapertura de este caso, prometida a fines del año pasado. En octubre del 2011 la Fiscalía de la Nación anunció que reactivaría las investigaciones de las esterilizaciones forzadas. Sin embargo, hasta hoy no se ha revisado ninguno de los 62 tomos del expediente que contiene los hechos delictivos que afectaron a 2074 mujeres, de las cuales 18 perdieron la vida. Más de cinco meses han transcurrido desde que se hizo el anuncio, pero no se ha avanzado al respecto.
¿Que haya transcurrido más de una década desde que se cometieron estos
delitos significa acaso que no se deba hacer justicia? Las
esterilizaciones forzadas son considerados delitos de lesa humanidad, y
por tanto, no prescriben. Durante el gobierno de Fujimori fueron parte de una
política pública, llevada a cabo por funcionarios que hoy deberían responder
por esos actos. Está probado que las ligaduras de trompas practicadas se
hicieron sin el consentimiento de las mujeres y en algunos casos, bajo amenaza
de represalias. La mayoría de las víctimas vivía en situación de extrema
pobreza, muchas eran quechuahablantes. La mal llamada Anticoncepción Quirúrgica
Voluntaria (AQV) puso de manifiesto la discriminación contra las mujeres
indígenas. Esa condición de vulnerabilidad social nos lleva a reiterar nuestra
demanda de justicia en nombre de ellas. Sancionar a los responsables marcará
sin duda un precedente. El 4 de abril de 1998, después de haber sido sometida a
una ligadura de trompas, María Mestanza, una campesina de Cajamarca, falleció.
Su agonía duró ocho días. Esta semana Jacinto Salazar, su compañero y padre de
sus hijos, estuvo en Lima y compartió su dolor: “Ha pasado tanto tiempo y no he
encontrado paz ni justicia”.
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