(La República, 03.05.2012) Tiene la tez trigueña y su cuerpo, que aún luce una apariencia de niña, está postrado sobre una silla de ruedas. Nos dice que casi no tiene amigos, pero que sueña con tenerlos una vez que vuelva a caminar.
Volver a estar en pie es el primero de todos sus anhelos.
"A los 9 años ya había sufrido una violación, fue una persona distinta. Cargando cuatro años con eso en la conciencia no podía tomar otra decisión. Me preguntan ¿por qué no hablaste? Porque tenía miedo, estaba amenazada", recuerda L.C. con la voz aún temerosa, como si fuera a llorar. Sin embargo, su pena se convierte en decepción cuando recuerda que pudo recibir ayuda y no se la dieron. "Un hijo se engendra cuando hay amor. Lo que yo tenía en mi vientre era solo un feto. Yo les decía que era producto de una violación, de algo que yo no había permitido. Me decían que tenía que esperar y así una junta médica tras otra. Mis piernas se fueron endureciendo esos cuatro meses", recuerda L.C.
Plazo cumplido
"Yo espero que el Estado ahora responda como debe, no solo los médicos, sino el Estado. De no hacerlo, sería una burla para mí", comenta mientras recuerda la dura experiencia que le tocó vivir. No solo las violaciones de las que fue víctima, sino que, además de eso, no se le brindara una atención que estaba necesitando con urgencia.
La especialista de Promsex, Rossina Guerrero, explica que el Estado tiene que responder ante la ONU porque se ha cumplido el plazo que el comité le dio a Perú (hace cuatro días, el 30 de abril) para que le informe sobre el avance de estas políticas y de las reparaciones a las víctimas.
En ese sentido, apuntó que falta decisión política para respetar la vida y la salud de las mujeres. Apuntó también que un 30% de las muertes maternas ocurren por problemas de salud que se agravan a causa del embarazo y se hace poco por prevenir esta situación.
Mientras tanto, L.C. sigue en precaria casa de madera, esperando por ayuda mientras ve pasar por su puerta a sus agresores, caminando libres. "A mis agresores los veo, es algo chocante. Hasta donde tengo entendido ellos están con orden de captura. ¿Qué espera la justicia?", reclama.
Pero esa rabia no la desanima; al contrario, le da una energía extraña a sus ojos, esa energía contenida en una silla de ruedas y que pronto podría estallar en forma de emocionados pasos. "Yo sé que puedo caminar, pero necesito que el Estado me ayude para ir a alguna institución y rehabilitarme. Sé que puedo hacerlo", dice, y sus ojos brillan con una contundente esperanza. (Foto: Alberto Pereira)
jueves, 3 de mayo de 2012
jueves, 5 de abril de 2012
ESTERILIZACIONES FORZADAS: ¡16 AÑOS DE IMPUNIDAD!
Al cumplirse 20 años del
golpe de Estado del 5 de abril, las organizaciones feministas DEMUS- Estudio
para la defensa de los derechos de la mujer, Movimiento Manuela Ramos,
Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, PROMSEX
y CLADEM-Perú, exigimos justicia y
reparación para aquellas que fueron
esterilizadas forzadamente en el marco del Programa de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar 1996-2000, implementado por el ex Presidente Alberto
Fujimori y sus ex ministros de salud: Alejandro Aguinaga (hoy congresista de
Fuerza 2011), Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta.
La justicia en peligro
El pasado 21 de octubre,
la Fiscalía de la Nación reabrió el proceso de investigación que involucra a
los tres ex ministros de salud, afirmando que el archivamiento de las denuncias
en el año 2010, no tomó en cuenta que se trataba de una violación a los
derechos humanos y no analizó la participación de cada uno de los implicados.
Pese a esta decisión, la falta
de voluntad de las autoridades del Ministerio Público y la presión que reciben
de grupos políticos constituyen un riesgo para que las miles de víctimas, en su
mayoría mujeres campesinas, indígenas y en situación de pobreza, logren justicia.
Este mega proceso que ya
cuenta con 62 tomos e involucra por lo menos a 2074 mujeres de diferentes
regiones del país, no ha sido dotado de los recursos económicos, humanos y
técnicos necesarios para que la Primera Fiscalía Penal Supranacional los
enfrente adecuadamente.
Situación que se agrava si
se considera que el actual congresista y directamente implicado Alejandro
Aguinaga conjuntamente con congresistas fujimoristas, apristas y de la Alianza
por el Gran Cambio, remitieron una carta solicitando información sobre el caso
al Procurador Supranacional de Derechos Humanos. Según información del
Ministerio Público, el mencionado congresista también ha cuestionado que se
reabra la investigación como consta en una carta que se encuentra en poder del
Coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales.
Por ello, exigimos al
Ministerio Público actuar con independencia en la investigación del caso, dotar
de recursos económicos, humanos y técnicos a la
fiscalía a cargo, y contribuir a la adecuada sanción de los responsables de
esta política estatal que vulneró los derechos de las mujeres.
El gobierno de Ollanta Humala no
repara a las victimas
Pese a que el Presidente
Ollanta Humala se pronunció sobre las esterilizaciones forzadas durante la
última campaña electoral, promoviendo el derecho a la justicia de las
agraviadas y posicionando el tema como una grave violación a los derechos
humanos de las mujeres, consideramos preocupante su silencio e inacción para
implementar una política de reparaciones para las mujeres afectadas. Salvo la
decisión del año 2006, poco difundida, de reconocer su inclusión en el Seguro
Integral de salud, las mujeres no han recibido reparación alguna desde el
Estado y estos crímenes siguen en la impunidad.
Por ello, exigimos al
Presidente Humala que se implemente de manera urgente una política integral de
reparaciones, para lo cual es necesario instalar una Comisión Multisectorial
encargada de su ejecución y supervisión. Las mujeres no solo deben recibir
reparaciones en salud, sino también reparaciones en educación, económicas,
simbólicas y comunitarias.
Nunca más el cuerpo de las mujeres usado para
el control de la natalidad y la pobreza.
NUNCA MÁS una mujer
esterilizada sin su consentimiento.
NO más vulneración a
la autonomía y cuerpo de las mujeres.
JUSTICIA Y REPARACIÓN
¡AHORA!
domingo, 1 de abril de 2012
Reclamo de justicia
(Diario La Primera, Patricia Chumo 01.04.2012) Una deuda pendiente tiene el Estado peruano desde hace 16 años, cuando 2,074 mujeres peruanas, principalmente de las zonas más alejadas del país, fueron sometidas a esterilizaciones forzadas, como parte de una inhumana política del Estado.
Ahora las víctimas piden al presidente Ollanta Humala que haga justicia y que se aceleren las investigaciones a cargo del Ministerio Público.
Durante la Mesa Redonda “Justicia y Reparación para Víctimas de Esterilización Forzada”, realizada por el colectivo conformado por organizaciones de mujeres como Movimiento Manuela Ramos, Demus, Flora Tristán y la Coordinadora Nacional de derechos humanos, las mujeres alzaron su voz debido a que, desde octubre del año pasado, cuando el Ministerio Público ordenó reabrir el caso de esterilizaciones forzadas, no ha habido mayores avances en el tema.
“Las mujeres que fueron esterilizadas no encuentran justicia ni han accedido a ningún tipo de reparación por parte del Estado y por ello exigimos que nunca más se ponga en marcha una política de salud tan equivocada y que este tipo de delito, de lesa humanidad, no quede impune”, expresó Josefina Ramírez, activista de los derechos de las mujeres, quien vio cómo en su natal Huancabamba (Piura) durante 1993 y el 2001 muchas madres de familia fueron sometidas a este tipo de prácticas sin su consentimiento.
Ante el olvido por parte de los gobiernos que han seguido tras la dictadura de Fujimori, las mujeres exigieron que el presidente Humala no deje que quede impune semejante barbarie.
APOYO A LAS VÍCTIMAS
Como parte de las demandas presentadas se encuentran las de invertir en un sistema de salud pública y mental en las zonas donde ocurrieron los casos, la reparación psicológica, económica y de empoderamiento para las víctimas a través de obras que les generen ingresos, así como la promoción desde el estado peruano de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres y la protección del derecho de las ciudadanas a decidir sobre sus cuerpos.
En el evento estuvo presente Victoria Vigo, una de las mujeres afectadas por el programa de planificación familiar ejecutado por el ministro de salud de ese entonces, Alejandro Aguinaga.
“Yo fui esterilizada en 1996, tenía 32 semanas de embarazo y fui de emergencia al hospital regional de Piura donde tuvieron que hacerme una cesárea. Ahí los médicos aprovecharon para esterilizarme. Nadie me dijo nada, pero yo escuché cuando conversaban sobre lo que acababan de hacerme”, relató.
Ella agregó que es necesario que se continúen las investigaciones a cargo de la fiscal Edith Chamorro, titular de LA PRIMERA Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima.
La directora de Demus, Jeannette Llaja, recordó que el 21 de octubre del año pasado la Fiscalía de la Nación ordenó la reapertura de las investigaciones del caso “María Mamérita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas”.
Llaja precisó que de las 2,074 mujeres que fueron afectadas, 18 murieron a causa de cuadros de infecciones generalizadas ocasionadas por las malas condiciones en que se realizaron los procedimientos.
300 MIL VÍCTIMAS
La defensora de los derechos de las mujeres indicó que en realidad fueron esterilizadas cerca de 300 mil mujeres. “Fue una política directamente dirigida a esterilizaciones quirúgicas. No es que se les haya dado a elegir el método de planificación familiar a las afectadas, sino que el personal de salud actuó sin su consentimiento”, agregó.
Ante la falta de acción en este caso, la representante de Demus exhortó al Ejecutivo a retomar el tema y establecer medidas de reparación las cuales tendrían que tener como piso lo que se le dio a la familia de la señora María Mamérita Mestanza que consistió en reparación en salud, Educación y dinero.
“La fiscal Chamorro está dispuesta a investigar, pero no tiene las condiciones necesarias. Tiene una carga laboral grande, poco personal y escaso presupuesto. Además es importante que se mantenga la independencia de la Fiscalía, porque hay claros indicios de presiones desde el Congreso, concretamente del doctor Aguinaga, quien está involucrado en el caso”, finalizó.
Esterilizaciones forzadas e impunidad
Qué difícil es hacer justicia cuando las víctimas
son mujeres de condición humilde
La República(Página editorial, 01-04-2012)
Cuando la justicia tarda en llegar cabe preguntarse si alguien con poder e influencia está interesado en mantener la impunidad de un delito. Y es que a menudo los hilos de la política detienen, aceleran o archivan las decisiones que se toman en el ámbito judicial. Esto es lo que parece estar ocurriendo con las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas miles de peruanas de condición humilde durante el fujimorato. Esta semana, activistas por los derechos de la mujer revelaron que parlamentarios de Fuerza 2011 y el Apra buscan interferir en el proceso judicial que se sigue por esta práctica ilegal. La injerencia política se estaría dando al mismo tiempo que se ha advertido la lentitud del Ministerio Público para cumplir con la reapertura de este caso, prometida a fines del año pasado. En octubre del 2011 la Fiscalía de la Nación anunció que reactivaría las investigaciones de las esterilizaciones forzadas. Sin embargo, hasta hoy no se ha revisado ninguno de los 62 tomos del expediente que contiene los hechos delictivos que afectaron a 2074 mujeres, de las cuales 18 perdieron la vida. Más de cinco meses han transcurrido desde que se hizo el anuncio, pero no se ha avanzado al respecto.
¿Que haya transcurrido más de una década desde que se cometieron estos
delitos significa acaso que no se deba hacer justicia? Las
esterilizaciones forzadas son considerados delitos de lesa humanidad, y
por tanto, no prescriben. Durante el gobierno de Fujimori fueron parte de una
política pública, llevada a cabo por funcionarios que hoy deberían responder
por esos actos. Está probado que las ligaduras de trompas practicadas se
hicieron sin el consentimiento de las mujeres y en algunos casos, bajo amenaza
de represalias. La mayoría de las víctimas vivía en situación de extrema
pobreza, muchas eran quechuahablantes. La mal llamada Anticoncepción Quirúrgica
Voluntaria (AQV) puso de manifiesto la discriminación contra las mujeres
indígenas. Esa condición de vulnerabilidad social nos lleva a reiterar nuestra
demanda de justicia en nombre de ellas. Sancionar a los responsables marcará
sin duda un precedente. El 4 de abril de 1998, después de haber sido sometida a
una ligadura de trompas, María Mestanza, una campesina de Cajamarca, falleció.
Su agonía duró ocho días. Esta semana Jacinto Salazar, su compañero y padre de
sus hijos, estuvo en Lima y compartió su dolor: “Ha pasado tanto tiempo y no he
encontrado paz ni justicia”.
jueves, 29 de marzo de 2012
Indiferencia y presiones ensombrecen investigación fiscal del caso Esterilizaciones Forzadas
El año en que se cumplirán 20 años desde el golpe de Estado que dio Alberto Fujimori el caso que vulneró los derechos humanos de más de dos mil mujeres durante su régimen, al esterilizarlas contra su voluntad, cumple 16 años en la impunidad.
Y es que hasta el momento no asoma ningún vestigio de avance en las investigaciones que el pasado 21 de octubre la Fiscalía de la Nación ordenó reabrir, tras reconocer que la esterilización forzada de María Mamérita Mestanza y las demás mujeres que en aquella época fueron víctimas de esta política constituyó un delito de lesa humanidad.
La fiscal Edith Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, trabaja sin más apoyo que el de su equipo de siempre y aún no termina de revisar los 62 tomos de la investigación. No se han dispuesto recursos económicos, humanos ni técnicos para que su investigación se realice en forma efectiva.
Preocupadas por esta indiferencia hacia un caso tan importante para las mujeres peruanas, las organizaciones feministas Manuela Ramos, Demus, Promsex, Católicas por el Derecho a Decidir y CLADEM) realizarán hoy una Mesa Redonda sobre el tema, en la que participarán las propias víctimas y juristas para exponer los problemas encontrados en su demanda por justicia y reparación. Será a las 11:00am en la Casona de San Marcos (Parque Universitario s/n).
Presiones
Las preocupaciones sobre el desarrollo del proceso no son gratuitas: el 25 de octubre pasado un grupo de congresistas de la bancada fujimorista, de la bancada aprista y también de Alianza por el Gran Cambio enviaron una carta al Procurador Supranacional del Ministerio de Justicia, Luis Alberto Salgado, mencionando “antecedentes a ser tomados en cuenta como parte de la defensa en el proceso ante la CIDH”. Aparecen en la carta, junto a las firmas de los congresistas Aguinaga (ex ministro de Salud fujimorista, acusado en el proceso de Esterilizaciones Forzadas) y Cuculiza las de Mauricio Mulder, Velásquez Quesquén, Luciana León, Luis Iberico y Galarreta.
Más recientemente habría habido nuevas cartas, esta vez enviadas al Ministerio Público, lo que reviste a este proceso de sombras que deben ser despejadas, pues la búsqueda de justicia de 2,064 mujeres y de los familiares de quienes ya fallecieron merece respeto y respuestas.
Reparaciones también pendientes
En el tema de las reparaciones, el Estado peruano sigue guardando silencio: aún no se pronuncia si les corresponden o no a las víctimas de esterilización forzada, pese a que el tema se trató en el debate electoral presidencial, y a que el entonces candidato Ollanta Humala dijo que “(se ha hecho) un daño irreparable”.
Participarán en esta Mesa Redonda Josefa Ramírez Peña, activista por el derecho a justicia y reparación de las mujeres víctimas de esterilización forzada de Huancabamba (Piura); Victoria Vigo, víctima de esterilización forzada; la Dra. Jeannette Llaja, directora de DEMUS y vocera de organizaciones feministas y el Dr. Víctor Alvarez, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En el evento se presentará el video “Justicia Pendiente”.
viernes, 9 de marzo de 2012
Feministas demandan al Presidente Humala cumplir las promesas que hizo a las mujeres peruanas
DEMUS, Manuela Ramos, Promsex, Católicas por el derecho a
decidir y CLADEM Perú, organizaciones feministas, exigieron al Presidente
Ollanta Humala que cumpla sus ofrecimientos electorales en derechos humanos de
la mujer.
El caso de las
esterilizaciones forzadas, lanzado durante la campaña electoral por Ollanta Humala,
sigue en la impunidad pese al compromiso del candidato de hacer algo por las
miles de mujeres que padecieron esta violación de sus derechos humanos durante
el gobierno fujimorista. Esta es una de
las promesas incumplidas de Humala a las mujeres peruanas, le recordaron ayer
al Jefe de Estado cinco organizaciones feministas en el marco de actividades
por el Día de la Mujer.
Jeannette Llaja, directora de
DEMUS, dijo que es preocupante no ver una actitud proactiva hacia este tema, y “nos
causa además mucha preocupación el acercamiento del gabinete con el
fujimorismo, que implicaría dejar este caso definitivamente en la impunidad”,
afirmó.
En cuanto a las víctimas de
violencia sexual en el conflicto armado interno, Llaja señaló que en el Plan de
Gobierno de Gana Perú, páginas 188 y 189, se afirma que se repararía
integralmente a las víctimas de conflicto interno y se crearía un fondo especial
para las reparaciones, pero hasta el momento no hay ninguna mujer ha sido reparada
integralmente.
Plan
de Igualdad de Género y alternancia
Por su parte, Jennie Dador, directora de
Manuela Ramos, recordó a Humala que ofreció fortalecer el Ministerio de la
Mujer, su rectoría sobre todos los sectores en materia de género y recursos
para trabajar, pero “ésta es una de las principales promesas incumplidas”,
afirmó.
No hay tampoco, afirmó, un Plan de Igualdad de Género
que “reconozca la diversidad de las mujeres, nuestras distintas condiciones y
funciones políticas, sociales, de orientación sexual, etc”.
Tampoco se ha cumplido con
la prometida participación de las mujeres en la política. Dador precisó que existe ya un proyecto que
promueve la alternancia en las listas electorales, un hombre y una mujer, pero
no se vota ni se discute.
El
Estado es laico
Kelly Cieza, coordinadora de
Católicas por el derecho a decidir, afirmó que el Presidente no está
garantizando “un Estado laico, para que nuestros derechos sean garantizados”. El incumplimiento se agrava, detalló, al
respaldar “a la Ministra de la mujer, quien rechaza tanto e igual como los
grupos religiosas antiderechos la distribución gratuita de la píldora del día
siguiente en los establecimientos públicos de salud”.
No
se aprueba aún Protocolo de Aborto Terapéutico
“Demandamos al gobierno,
como una medida urgente, tal y como lo ofreciera en su Plan de Gobierno, la
urgente aprobación de un protocolo nacional de aborto terapéutico que garantice
la protección de la vida y salud de las mujeres”, expuso Rossina Guerrero, directora
de Promsex.
Guerrero subrayó la
contradicción entre las afirmaciones de la ministra de la Mujer, quien ha
afirmado que daría un paso al costado de aprobarse el aborto, y el contenido
del Plan de Gobierno “con el cual se ganaron las elecciones de este país, donde
como una medida urgente se contempló la aprobación del aborto terapéutico y la
despenalización del aborto por violación”.
Finalmente Liz Meléndez, de
CLADEM Perú, señaló que el año pasado se registraron 117 feminicidios, y que “la
gran transformación debe traducirse no solamente en la generación de normas,
sino en su real cumplimiento”.
Asistieron a este evento el abogado Ronald Gamarra, la artista plástica Natalia Iguíñiz, el cantante Daniel F. y la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas,
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), Lourdes Huanca; quienes el 5 de mayo del año pasado fueron testigos del Juramento por la Democracia que hizo Ollanta Humala.
Antes de la conferencia de
prensa se presentó en la Casona de San Marcos una performance artística, con la
participación del grupo teatral que dirige Ana Correa.
martes, 6 de marzo de 2012
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