Jueces y juezas al aula: que lleven cursos de género, demandan dirigentas de comedores populares

“Es urgente que la Academia de la Magistratura incluya el enfoque y cursos de género en su currícula académica en forma regular, para que jueces y juezas entiendan a las mujeres cuando éstas pasen por un proceso judicial, especialmente cuando denuncie delitos contra la libertad sexual”, demandaron esta mañana lideresas de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima (FEMOCCPALM) y representantes del Estudio de Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) al Presidente  del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Francisco Távara Córdova.

El encuentro se realizó como parte de una ronda de Diálogos Ciudadanos que realizan las lideresas de comedores populares con autoridades del sistema judicial, llevando las demandas de sus asociadas.
“La violencia sexual es un tipo de violencia que afecta principalmente a las mujeres, nuestras socias nos transmiten sus problemas”, afirmó Violeta Pérez, dirigenta de FEMOCCPALM, durante la reunión.  Las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público entre enero y agosto del año pasado, las más recientes en el tema, evidencian esta afirmación: se han registrado más denuncias por delito de violación sexual (5,286 denuncias por violación de la libertad sexual en Lima Metropolitana y el Callao), que por delitos de hurto y robo.

La urgencia para esta formación especializada en género y derechos fundamentales de la mujer, dirigida a magistrados y magistradas, se plantea porque esta la incidencia de denuncias sobre violencia sexual no es una cifra del momento.  En los últimos diez años en el país se han registrado 63 mil 545 denuncias por violación de la libertad sexual y la mayoría de ellas (el 38.4%) se cometieron en Lima, según estadísticas policiales, convirtiendo al Perú en el país con más violaciones sexuales en Sudamérica (*).

“La respuesta a estas denuncias no puede seguir siendo la impunidad”, resaltó Luz Medina, también dirigente de la FEMOCCPALM. Según afirmaciones del presidente del Poder Judicial, César San Martín, en el 90% de procesos judiciales por violación de mujeres mayores de 17 años, los victimarios son absueltos o el Ministerio Público no formula una denuncia contra ellos por falta de pruebas. 

Una de las causas para esta impunidad tiene que ver con la presencia de estereotipos de género en los jueces y juezas, afirmó María Ysabel Cedano, abogada de Demus, durante la reunión con los directivos de la AMAG, citando informes de la Defensoría del Pueblo. 

Las otras cifras de violencia contra la mujer refuerzan también esta urgencia: de las 100,800 denuncias ante Policía Nacional del Perú por violencia familiar (año 2010), más del 90% corresponde a las mujeres; y entre enero y julio del año pasado, 48 mujeres fueron víctimas de feminicidio.

Por ello, agregó Cedano, la especialidad en género tendría que ser un requisito para ingresar y ascender en la carrera judicial, tema que también será visto por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Este es el segundo Diálogo Ciudadano que sostienen las dirigentas de la FEMOCCPALM.  El primero se llevó a cabo el pasado 17 de octubre, con representantes de la Defensoría del Pueblo.  

                                                                                                                       Lima, 29 de Octubre 2012

(*)  “Violaciones sexuales en el Perú 2000-2009: un informe sobre el estado de la situación”, libro de Jaris Mujica.

Pese a Acuerdo Plenario sobre apreciación de pruebas, persisten prejuicios en el Poder Judicial en casos de violencia sexual contra la mujer

Lideresas de comedores populares iniciaron ronda de Diálogos Ciudadanos que tendrán con autoridades con la Defensoría del Pueblo, llevando demandas de sus asociadas.

En el Poder Judicial aún no se aplica totalmente el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-1161 sobre apreciación de la prueba en delitos contra la libertad sexual, informaron lideresas de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima (FEMOCCPALM) a la adjunta encargada del despacho del Defensor del Pueblo, Claudia del Pozo, y a la Adjunta para los derechos de la Mujer, Carolina Garcés, en el primer diálogo ciudadano que se realiza para mejorar la calidad de los servicios judiciales, especialmente en casos de violencia sexual contra las mujeres.

La reunión se llevó a cabo el miércoles 17 de octubre, y permitió que las lideresas de los comedores lleven a la Defensoría del Pueblo las quejas más frecuentes de sus socias. 

“Muchas veces en lugar de preguntar qué está pasando preguntan más cómo fue  una y otra vez, y eso lastima a las mujeres. Otros realizan preguntas inapropiadas, como porqué te habrá pegado?, qué habrás hecho?”, señaló Nelly Pérez de Peña, presidenta de comedores autónomos de San Juan de Lurigancho.

En la cita participaron también Luz Medina Gonzales, Cristina Quispe Cuba, Haydee Massoni Cano y Esther Sánchez, dirigentes de los comedores en distintos distritos de Lima; quienes expresaron que el principal temor entre las mujeres es que sus denuncias sobre maltratos y violencia queden impunes.

Como se recuerda, el propio presidente del Poder Judicial, César San Martín, ha señalado que en el 90% de procesos judiciales por violación de mujeres mayores de 17 años, los victimarios son absueltos o el Ministerio Público no formula una denuncia contra ellos por falta de pruebas. 

No les creen

El citado acuerdo plenario, aprobado en diciembre pasado, es de aplicación obligatoria por jueces y juezas que procesan delitos contra la libertad sexual, señalando reglas para la valoración de las pruebas en estos casos.  Los prejuicios o estereotipos de género al momento de juzgar los delitos sexuales deben dejarse de lado desde una perspectiva de género, pero éstos persisten; de acuerdo a lo expresado por las mujeres de FEMOCCPAALM.

Cuando las mujeres denuncian maltratos y violaciones, no les creen, afirmaron. Por ello, las lideresas demandaron que jueces y juezas lleven cursos de género en su formación, “para que se sensibilicen con el tema”.

Informe de la Defensoría 

A través de los Diálogos Ciudadanos iniciados con la Defensoría del Pueblo, las mujeres que dirigen la organización de comedores han decidido transmitir los reclamos de sus socias, aplicando un rol vigilante sobre los servicios de justicia, dada la cantidad de denuncias y preocupaciones.

En la actualidad hay 35 mil casos judicializados de violencia sexual, según información del Poder Judicial.
La Defensora adjunta, por su parte, les informó que la Defensoría del Pueblo  presentó hace tres semanas un informe sobre violencia sexual contra la mujer,  analizando cual es la respuesta integral del Estado frente a situaciones de violencia de todo tipo contra la mujer.

“Por ejemplo nos preocupa la insistencia en que los jueces pidan la pericia psicológica.  En todo caso hemos incidido en la necesidad de que esta pericia sea gratuita y en condiciones que se permita a la víctima abrirse y tener la atención que requieren de madera idónea, como también evitar que la persona violentada tenga que repetir sus testimonios”, señaló la doctora Del Pozo.  Agregó que han  pedido a las autoridades no preguntar sobre la vida sexual pasada de la víctima.

Por su parte, la Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer dijo: “Sabemos que existe un protocolo para la medición de daño psicológico, pero hasta el momento no se aplica”.

Participaron también en este encuentro representantes del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS). En lo que queda del mes de octubre, y en noviembre, se realizarán también Diálogos Ciudadanos entre las dirigentes de FEMOCCPAALM con autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial y directivos de la Academia de la Magistratura.

                                                                                                          Lima, 19 de Octubre 2012

L.C. quiere volver a estar de pie

(La República, 03.05.2012)   Tiene la tez trigueña y su cuerpo, que aún luce una apariencia de niña, está postrado sobre una silla de ruedas. Nos dice que casi no tiene amigos, pero que sueña con tenerlos una vez que vuelva a caminar.
 

Volver a estar en pie es el primero de todos sus anhelos.
 

"A los 9 años ya había sufrido una violación, fue una persona distinta. Cargando cuatro años con eso en la conciencia no podía tomar otra decisión. Me preguntan ¿por qué no hablaste? Porque tenía miedo, estaba amenazada", recuerda L.C. con la voz aún temerosa, como si fuera a llorar. Sin embargo, su pena se convierte en decepción cuando recuerda que pudo recibir ayuda y no se la dieron. "Un hijo se engendra cuando hay amor. Lo que yo tenía en mi vientre era solo un feto. Yo les decía que era producto de una violación, de algo que yo no había permitido. Me decían que tenía que esperar y así una junta médica tras otra. Mis piernas se fueron endureciendo esos cuatro meses", recuerda L.C.
 

 
 Plazo cumplido
 

"Yo espero que el Estado ahora responda como debe, no solo los médicos, sino el Estado. De no hacerlo, sería una burla para mí", comenta mientras recuerda la dura experiencia que le tocó vivir. No solo las violaciones de las que fue víctima, sino que, además de eso, no se le brindara una atención que estaba necesitando con urgencia.
 

La especialista de Promsex, Rossina Guerrero, explica que el Estado tiene que responder ante la ONU porque se ha cumplido el plazo que el comité le dio a Perú (hace cuatro días, el 30 de abril)  para que le informe sobre el avance de estas políticas y de las reparaciones a las víctimas.
 

En ese sentido, apuntó que falta decisión política para respetar la vida y la salud de las mujeres. Apuntó también que un 30% de las muertes maternas ocurren por problemas de salud que se agravan a causa del embarazo y se hace poco por prevenir esta situación.
 

Mientras tanto, L.C. sigue en precaria casa de madera, esperando por ayuda mientras ve pasar por su puerta a sus agresores, caminando libres. "A mis agresores los veo, es algo chocante. Hasta donde tengo entendido ellos están con orden de captura. ¿Qué espera la justicia?", reclama.
 

Pero esa rabia no la desanima; al contrario, le da una energía extraña a sus ojos, esa energía contenida en una silla de ruedas y que pronto podría estallar en forma de emocionados pasos. "Yo sé que puedo caminar, pero necesito que el Estado me ayude para ir a alguna institución y rehabilitarme. Sé que puedo hacerlo", dice, y sus ojos brillan con una contundente esperanza.   (Foto:  Alberto Pereira)

ESTERILIZACIONES FORZADAS: ¡16 AÑOS DE IMPUNIDAD!

 

Al cumplirse 20 años del golpe de Estado del 5 de abril, las organizaciones feministas DEMUS- Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, Movimiento Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir – Perú,  Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, PROMSEX y CLADEM-Perú, exigimos justicia y reparación para aquellas que fueron esterilizadas forzadamente en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, implementado por el ex Presidente Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud: Alejandro Aguinaga (hoy congresista de Fuerza 2011), Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta.

La justicia en peligro

El pasado 21 de octubre, la Fiscalía de la Nación reabrió el proceso de investigación que involucra a los tres ex ministros de salud, afirmando que el archivamiento de las denuncias en el año 2010, no tomó en cuenta que se trataba de una violación a los derechos humanos y no analizó la participación de cada uno de los implicados.

 Pese a esta decisión, la falta de voluntad de las autoridades del Ministerio Público y la presión que reciben de grupos políticos constituyen un riesgo para que las miles de víctimas, en su mayoría mujeres campesinas, indígenas y  en situación de pobreza, logren justicia. 

Este mega proceso que ya cuenta con 62 tomos e involucra por lo menos a 2074 mujeres de diferentes regiones del país, no ha sido dotado de los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para que la Primera Fiscalía Penal Supranacional los enfrente adecuadamente. 

Situación que se agrava si se considera que el actual congresista y directamente implicado Alejandro Aguinaga conjuntamente con congresistas fujimoristas, apristas y de la Alianza por el Gran Cambio, remitieron una carta solicitando información sobre el caso al Procurador Supranacional de Derechos Humanos. Según información del Ministerio Público, el mencionado congresista también ha cuestionado que se reabra la investigación como consta en una carta que se encuentra en poder del Coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales. 

Por ello, exigimos al Ministerio Público actuar con independencia en la investigación del caso, dotar de recursos económicos, humanos y técnicos a la fiscalía a cargo, y contribuir a la adecuada sanción de los responsables de esta política estatal que vulneró los derechos de las  mujeres. 

El gobierno de Ollanta Humala no repara a las victimas

Pese a que el Presidente Ollanta Humala se pronunció sobre las esterilizaciones forzadas durante la última campaña electoral, promoviendo el derecho a la justicia de las agraviadas y posicionando el tema como una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, consideramos preocupante su silencio e inacción para implementar una política de reparaciones para las mujeres afectadas. Salvo la decisión del año 2006, poco difundida, de reconocer su inclusión en el Seguro Integral de salud, las mujeres no han recibido reparación alguna desde el Estado y estos crímenes siguen en la impunidad.

Por ello, exigimos al Presidente Humala que se implemente de manera urgente una política integral de reparaciones, para lo cual es necesario instalar una Comisión Multisectorial encargada de su ejecución y supervisión. Las mujeres no solo deben recibir reparaciones en salud, sino también reparaciones en educación, económicas, simbólicas y comunitarias. 

Nunca más el cuerpo de las mujeres usado para el control de la natalidad y la pobreza.

NUNCA MÁS una mujer esterilizada sin su consentimiento.

NO más vulneración a la autonomía y cuerpo de las mujeres.

JUSTICIA Y REPARACIÓN ¡AHORA!

Reclamo de justicia

(Diario La Primera, Patricia Chumo 01.04.2012)  Una deuda pendiente tiene el Estado peruano desde hace 16 años, cuando 2,074 mujeres peruanas, principalmente de las zonas más alejadas del país, fueron sometidas a esterilizaciones forzadas, como parte de una inhumana política del Estado.

Ahora las víctimas piden al presidente Ollanta Humala que haga justicia y que se aceleren las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

Durante la Mesa Redonda “Justicia y Reparación para Víctimas de Esterilización Forzada”, realizada por el colectivo conformado por organizaciones de mujeres como Movimiento Manuela Ramos, Demus, Flora Tristán y la Coordinadora Nacional de derechos humanos, las mujeres alzaron su voz debido a que, desde octubre del año pasado, cuando el Ministerio Público ordenó reabrir el caso de esterilizaciones forzadas, no ha habido mayores avances en el tema.

“Las mujeres que fueron esterilizadas no encuentran justicia ni han accedido a ningún tipo de reparación por parte del Estado y por ello exigimos que nunca más se ponga en marcha una política de salud tan equivocada y que este tipo de delito, de lesa humanidad, no quede impune”, expresó Josefina Ramírez, activista de los derechos de las mujeres, quien vio cómo en su natal Huancabamba (Piura) durante 1993 y el 2001 muchas madres de familia fueron sometidas a este tipo de prácticas sin su consentimiento.
Ante el olvido por parte de los gobiernos que han seguido tras la dictadura de Fujimori, las mujeres exigieron que el presidente Humala no deje que quede impune semejante barbarie.

APOYO A LAS VÍCTIMAS

Como parte de las demandas presentadas se encuentran las de invertir en un sistema de salud pública y mental en las zonas donde ocurrieron los casos, la reparación psicológica, económica y de empoderamiento para las víctimas a través de obras que les generen ingresos, así como la promoción desde el estado peruano de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres y la protección del derecho de las ciudadanas a decidir sobre sus cuerpos.

En el evento estuvo presente Victoria Vigo, una de las mujeres afectadas por el programa de planificación familiar ejecutado por el ministro de salud de ese entonces, Alejandro Aguinaga.

“Yo fui esterilizada en 1996, tenía 32 semanas de embarazo y fui de emergencia al hospital regional de Piura donde tuvieron que hacerme una cesárea. Ahí los médicos aprovecharon para esterilizarme. Nadie me dijo nada, pero yo escuché cuando conversaban sobre lo que acababan de hacerme”, relató.

Ella agregó que es necesario que se continúen las investigaciones a cargo de la fiscal Edith Chamorro, titular de LA PRIMERA Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima.

La directora de Demus, Jeannette Llaja, recordó que el 21 de octubre del año pasado la Fiscalía de la Nación ordenó la reapertura de las investigaciones del caso “María Mamérita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas”.

Llaja precisó que de las 2,074 mujeres que fueron afectadas, 18 murieron a causa de cuadros de infecciones generalizadas ocasionadas por las malas condiciones en que se realizaron los procedimientos.

300 MIL VÍCTIMAS

La defensora de los derechos de las mujeres indicó que en realidad fueron esterilizadas cerca de 300 mil mujeres. “Fue una política directamente dirigida a esterilizaciones quirúgicas. No es que se les haya dado a elegir el método de planificación familiar a las afectadas, sino que el personal de salud actuó sin su consentimiento”, agregó.

Ante la falta de acción en este caso, la representante de Demus exhortó al Ejecutivo a retomar el tema y establecer medidas de reparación las cuales tendrían que tener como piso lo que se le dio a la familia de la señora María Mamérita Mestanza que consistió en reparación en salud, Educación y dinero.

“La fiscal Chamorro está dispuesta a investigar, pero no tiene las condiciones necesarias. Tiene una carga laboral grande, poco personal y escaso presupuesto. Además es importante que se mantenga la independencia de la Fiscalía, porque hay claros indicios de presiones desde el Congreso, concretamente del doctor Aguinaga, quien está involucrado en el caso”, finalizó.

Esterilizaciones forzadas e impunidad

Qué difícil es hacer justicia cuando las víctimas son mujeres de condición humilde

La República(Página editorial, 01-04-2012)
Cuando la justicia tarda en llegar cabe preguntarse si alguien con poder e influencia está  interesado en mantener la impunidad de un delito. Y es que a menudo los hilos de la  política detienen, aceleran o archivan las decisiones que se toman en el ámbito judicial. Esto es lo que parece estar ocurriendo con las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas miles de peruanas de condición humilde durante el fujimorato. Esta semana, activistas por los derechos de la mujer revelaron que parlamentarios de Fuerza 2011 y el Apra buscan interferir en el proceso judicial que se sigue por esta práctica ilegal. La injerencia política se estaría dando al mismo tiempo que se ha advertido la lentitud del Ministerio Público para cumplir con la reapertura de este caso, prometida a fines del año pasado. En octubre del 2011  la Fiscalía de la Nación anunció que  reactivaría las investigaciones de las esterilizaciones forzadas. Sin embargo, hasta hoy no se ha revisado ninguno de los 62 tomos del expediente que contiene los hechos delictivos que afectaron a 2074 mujeres, de las cuales 18 perdieron la vida. Más de cinco meses han transcurrido desde que se hizo el anuncio, pero no se ha avanzado al respecto.

¿Que haya transcurrido más de una década desde que se cometieron estos delitos significa acaso que no se deba hacer justicia?  Las esterilizaciones forzadas son considerados delitos de lesa humanidad,  y por tanto, no prescriben. Durante el gobierno de Fujimori fueron parte de una política pública, llevada a cabo por funcionarios que hoy deberían responder por esos actos. Está probado que las ligaduras de trompas practicadas se hicieron sin el consentimiento de las mujeres y en algunos casos, bajo amenaza de represalias. La mayoría de las víctimas vivía en situación de extrema pobreza, muchas eran quechuahablantes. La mal llamada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) puso de manifiesto la discriminación contra las mujeres indígenas. Esa condición de vulnerabilidad social nos lleva a reiterar nuestra demanda de justicia en nombre de ellas. Sancionar a los responsables marcará sin duda un precedente. El 4 de abril de 1998, después de haber sido sometida a una ligadura de trompas, María Mestanza, una campesina de Cajamarca, falleció. Su agonía duró ocho días. Esta semana Jacinto Salazar, su compañero y padre de sus hijos, estuvo en Lima y compartió su dolor: “Ha pasado tanto tiempo y no he encontrado paz ni justicia”.

Indiferencia y presiones ensombrecen investigación fiscal del caso Esterilizaciones Forzadas

El año en que se cumplirán 20 años desde el golpe de Estado que dio Alberto Fujimori el caso que vulneró los derechos humanos de más de dos mil mujeres durante su régimen, al esterilizarlas contra su voluntad, cumple 16 años en la impunidad.

Y es que hasta el momento no asoma ningún vestigio de avance en las investigaciones que el pasado 21 de octubre la Fiscalía de la Nación ordenó reabrir, tras reconocer que la esterilización forzada de María Mamérita Mestanza y las demás mujeres que en aquella época fueron víctimas de esta política constituyó un delito de lesa humanidad. 

La fiscal Edith Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima,  trabaja sin más apoyo que el de su equipo de siempre y aún no termina de revisar los 62 tomos de la investigación. No se han dispuesto recursos económicos, humanos ni técnicos para que su investigación se realice en forma efectiva.

Preocupadas por esta indiferencia hacia un caso tan importante para las mujeres peruanas, las organizaciones feministas Manuela Ramos, Demus, Promsex, Católicas por el Derecho a Decidir y CLADEM) realizarán hoy una Mesa Redonda sobre el tema, en la que participarán las propias víctimas y juristas para exponer los problemas encontrados en su demanda por justicia y reparación.  Será a las 11:00am en la Casona de San Marcos (Parque Universitario s/n).

Presiones

Las preocupaciones sobre el desarrollo del proceso no son gratuitas:  el 25 de octubre pasado un grupo de congresistas de la bancada fujimorista, de la bancada aprista y también de Alianza por el Gran Cambio enviaron una carta al Procurador Supranacional del Ministerio de Justicia, Luis Alberto Salgado, mencionando “antecedentes a ser tomados en cuenta como parte de la defensa en el proceso ante la CIDH”.  Aparecen en la carta, junto a las firmas de los congresistas Aguinaga (ex ministro de Salud fujimorista, acusado en el proceso de Esterilizaciones Forzadas) y Cuculiza las de Mauricio Mulder, Velásquez Quesquén, Luciana León, Luis Iberico y Galarreta.

Más recientemente habría habido nuevas cartas, esta vez enviadas al Ministerio Público, lo que reviste a este proceso de sombras que deben ser despejadas, pues la búsqueda de justicia de 2,064 mujeres y de los familiares de quienes ya fallecieron merece respeto y respuestas.

Reparaciones también pendientes

En el tema de las reparaciones, el Estado peruano sigue guardando silencio: aún no se pronuncia si les corresponden o no a las víctimas de esterilización forzada, pese a que el tema se trató en el debate electoral presidencial, y a que el entonces candidato Ollanta Humala dijo que “(se ha hecho) un daño irreparable”.

Participarán en esta Mesa Redonda Josefa Ramírez Peña, activista por el derecho a justicia y reparación de las mujeres víctimas de esterilización forzada de Huancabamba (Piura); Victoria Vigo, víctima de esterilización forzada; la Dra. Jeannette Llaja, directora de DEMUS y vocera de organizaciones feministas y el Dr. Víctor Alvarez, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En el evento se presentará el video “Justicia Pendiente”.

Feministas demandan al Presidente Humala cumplir las promesas que hizo a las mujeres peruanas

 DEMUS, Manuela Ramos, Promsex, Católicas por el derecho a decidir y CLADEM Perú, organizaciones feministas, exigieron al Presidente Ollanta Humala que cumpla sus ofrecimientos electorales en derechos humanos de la mujer.

El caso de las esterilizaciones forzadas, lanzado durante la campaña electoral por Ollanta Humala, sigue en la impunidad pese al compromiso del candidato de hacer algo por las miles de mujeres que padecieron esta violación de sus derechos humanos durante el gobierno fujimorista.  Esta es una de las promesas incumplidas de Humala a las mujeres peruanas, le recordaron ayer al Jefe de Estado cinco organizaciones feministas en el marco de actividades por el Día de la Mujer.  

Jeannette Llaja, directora de DEMUS, dijo que es preocupante no ver una actitud proactiva hacia este tema, y “nos causa además mucha preocupación el acercamiento del gabinete con el fujimorismo, que implicaría dejar este caso definitivamente en la impunidad”, afirmó.

En cuanto a las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno, Llaja señaló que en el Plan de Gobierno de Gana Perú, páginas 188 y 189, se afirma que se repararía integralmente a las víctimas de conflicto interno y se crearía un fondo especial para las reparaciones, pero hasta el momento no hay ninguna mujer ha sido reparada integralmente.

Plan de Igualdad de Género y alternancia

 Por su parte, Jennie Dador, directora de Manuela Ramos, recordó a Humala que ofreció fortalecer el Ministerio de la Mujer, su rectoría sobre todos los sectores en materia de género y recursos para trabajar, pero “ésta es una de las principales promesas incumplidas”, afirmó.

No hay  tampoco, afirmó, un Plan de Igualdad de Género que “reconozca la diversidad de las mujeres, nuestras distintas condiciones y funciones políticas, sociales, de orientación sexual, etc”.

Tampoco se ha cumplido con la prometida participación de las mujeres en la política.  Dador precisó que existe ya un proyecto que promueve la alternancia en las listas electorales, un hombre y una mujer, pero no se vota ni  se discute.  

El Estado es laico

Kelly Cieza, coordinadora de Católicas por el derecho a decidir, afirmó que el Presidente no está garantizando “un Estado laico, para que nuestros derechos sean garantizados”.  El incumplimiento se agrava, detalló, al respaldar “a la Ministra de la mujer, quien rechaza tanto e igual como los grupos religiosas antiderechos la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en los establecimientos públicos de salud”.  

 No se aprueba aún Protocolo de Aborto Terapéutico

“Demandamos al gobierno, como una medida urgente, tal y como lo ofreciera en su Plan de Gobierno, la urgente aprobación de un protocolo nacional de aborto terapéutico que garantice la protección de la vida y salud de las mujeres”, expuso Rossina Guerrero, directora de Promsex.  

Guerrero subrayó la contradicción entre las afirmaciones de la ministra de la Mujer, quien ha afirmado que daría un paso al costado de aprobarse el aborto, y el contenido del Plan de Gobierno “con el cual se ganaron las elecciones de este país, donde como una medida urgente se contempló la aprobación del aborto terapéutico y la despenalización del aborto por violación”.

Finalmente Liz Meléndez, de CLADEM Perú, señaló que el año pasado se registraron 117 feminicidios, y que “la gran transformación debe traducirse no solamente en la generación de normas, sino en su real cumplimiento”.

Asistieron a este evento el abogado Ronald Gamarra, la artista plástica Natalia Iguíñiz, el cantante Daniel F. y la presidenta de la  Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), Lourdes Huanca; quienes el 5 de mayo del año pasado fueron testigos del Juramento por la Democracia que hizo Ollanta Humala. 

Antes de la conferencia de prensa se presentó en la Casona de San Marcos una performance artística, con la participación del grupo teatral que dirige Ana Correa.